Problemas de Financiamiento
La ambigüedad que guarda el Estado
frente al rezago e inequidad educativos
y los requerimientos financieros que se
necesitan para enfrentarlos.
Al respecto, las leyes y normas mexicanas establecen con claridad la responsabilidad del Estado para asegurar el derecho que tienen todos los mexicanos de acceder a la educación, a lo que habría que añadir que ésta debe ser de calidad. No obstante, esta prerrogativa está aún muy lejos de cumplirse, y afecta principalmente a los sectores de la población de menores recursos.
En cuanto a la infraestructura de los centros escolares en primaria y secundaria, un estudio realizado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación evidencia la precariedad en que se encuentran la mayoría de los centros escolares.
Al nivel de instituciones educativas específicas, se trate de escuelas de educación básica o universidades, la información financiera es difícil de obtener, pues a pesar de los avances que se han logrado con respecto a las leyes de transparencia y acceso a la información, persiste un gran obscurantismo y renuencia a brindar la información financiera de las instituciones; e incluso, cuando se logra obtener, las distintas formas de clasificación y agregación que utilizan las instituciones educativas hacen casi imposible tener un panorama integral de los recursos públicos que se les destinan, y del uso que se les da.
Para realizar una buena planeación y administración de los recursos que se destinan al sector educativo se requiere tener una visión integral y precisa sobre la forma en que participan los gobiernos federal, estatal y municipal en el gasto educativo, así como sobre la manera en que se distribuyen los recursos entre los diferentes niveles, modalidades y programas educativos, hasta llegar al plano de dependencias e instituciones concretas. Sin embargo, este tipo de información no existe en nuestro país.
La información más confiable y desglosada con respecto al gasto educativo es la que proporciona la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero sólo corresponde al gasto federal. Aunque la Secretaría de Educación Pública ha realizado esfuerzos para ofrecer información del gasto educativo en los estados igualmente confiable, a través del Cuestionario sobre Financiamiento Educativo Estatal (CFEE), la información presenta múltiples carencias: es un autorreporte que realizan las entidades federativas sin un respaldo objetivo que asegure la fidelidad de la información, los niveles de agregación de la información son muy generales y no todas las entidades entregan la información.
Esta situación debe cambiar, tanto por la utilidad que esta información brinda a los procesos de planeación y administración del sistema educativo, como para proveer información transparente a la ciudadanía sobre la forma en que se gestionan los recursos públicos.
En los últimos años, durante la aprobación del presupuesto en la Cámara de Diputados, éstos han sido los responsables de aumentar el presupuesto educativo; no obstante, cabe resaltar que aunque los diputados han sido más receptivos a las necesidades del sector educativo, no hay criterios claros sobre la forma en que proceden para distribuir los recursos al sector, por lo que cada año sigue habiendo ganadores y perdedores entre todas las instancias que dependen de los recursos públicos.
Este problema también se presenta en los gobiernos de las entidades federativas, ya que la asignación que realizan los gobiernos estatales a sus correspondientes sistemas educativos presenta variaciones importantes de un ejercicio presupuestal a otro. Por ejemplo, entre 2010 y 2011, mientras algunas entidades aumentaron los recursos educativos en más de 40 por ciento (Hidalgo), en otras lo redujeron por arriba de un 20 por ciento (Colima y Tabasco).
En el contexto internacional, algunos organismos han señalado que la baja recaudación fiscal que presentan los países de América Latina (México incluido) representa un serio problema, dado que limita la capacidad de invertir en áreas como educación, infraestructura y desarrollo productivo que, como la salud y la protección social, son claves para aumentar la productividad, la competitividad y la inclusión social.En los últimos años, los resultados de la asignación presupuestal han sido fruto del cabildeo y de las coyunturas políticas; este proceso ha dejado ganadores y perdedores según la correlación de las fuerzas políticas que participan en este proceso.
Lo anterior redunda en que no exista claridad y certidumbre sobre los recursos con que contarán las instancias, dependencias e instituciones para cubrir sus funciones educativas. Esta incertidumbre ha multiplicado las voces de quienes solicitan la asignación de presupuestos multianuales al sector educativo, a fin de que las instituciones educativas puedan planear sus actividades a mediano y largo plazo bajo un panorama de certeza financiera. En cuanto a la participación que deben tener los gobiernos federal, estatal y municipal en el gasto educativo, tampoco hay nada definido.
Si bien algunas leyes establecen montos específicos que deben destinarse al sector educativo, son tan generales que no especifican a los responsables de otorgarlos, ni la estructura de su participación, como tampoco a los destinatarios precisos de los recursos. En consecuencia, no existen compromisos específicamente establecidos que permitan hacer justiciable el derecho a la educación. Se promete y no se cumple, y no pasa nada. Considerando que la justiciabilidad se refiere a la posibilidad de exigir a través de un mecanismo jurídico el cumplimiento o restitución de un derecho, se requiere una mayor especificidad en las leyes para fincar responsables en caso de incumplimientos, así como mecanismos para reparar los daños causados cuando se viola este derecho.
. Instituir una mayor normatividad también redundaría en fijar la estructura de participación que deben guardar los gobiernos (federal, estatal y municipal) con respecto a los recursos que deben destinar a sus correspondientes sistemas educativos, así como determinar las obligaciones específicas de cada entidad de gobierno y las figuras jurí- dicas concretas que resultarían responsables de su incumplimiento. No obstante, para que funcione esta nueva normatividad sería necesario que llegara a los diferentes niveles de la estructura del sistema educativo, para que incluso a los directores de los centros escolares puedan fincárseles responsabilidades sobre el uso de los recursos públicos.
Este aspecto contribuiría a controlar actos de corrupción y serviría como mecanismo para supervisar el uso eficiente de los recursos educativos. En este sentido, un renovado compromiso del Estado con la educación también implicaría establecer los mecanismos que brindaran mayor claridad, transparencia y certidumbre sobre los procesos de asignación, distribución y el uso de los recursos educativos. Este aspecto no sólo resulta importante para las instancias, dependencias e instituciones destinatarias de los recursos públicos, sino también para que los ciudadanos tengan conocimiento sobre la administración de los recursos de la nación, principio fundamental de la democracia.
Al respecto, las leyes y normas mexicanas establecen con claridad la responsabilidad del Estado para asegurar el derecho que tienen todos los mexicanos de acceder a la educación, a lo que habría que añadir que ésta debe ser de calidad. No obstante, esta prerrogativa está aún muy lejos de cumplirse, y afecta principalmente a los sectores de la población de menores recursos.
En cuanto a la infraestructura de los centros escolares en primaria y secundaria, un estudio realizado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación evidencia la precariedad en que se encuentran la mayoría de los centros escolares.
Al nivel de instituciones educativas específicas, se trate de escuelas de educación básica o universidades, la información financiera es difícil de obtener, pues a pesar de los avances que se han logrado con respecto a las leyes de transparencia y acceso a la información, persiste un gran obscurantismo y renuencia a brindar la información financiera de las instituciones; e incluso, cuando se logra obtener, las distintas formas de clasificación y agregación que utilizan las instituciones educativas hacen casi imposible tener un panorama integral de los recursos públicos que se les destinan, y del uso que se les da.
Para realizar una buena planeación y administración de los recursos que se destinan al sector educativo se requiere tener una visión integral y precisa sobre la forma en que participan los gobiernos federal, estatal y municipal en el gasto educativo, así como sobre la manera en que se distribuyen los recursos entre los diferentes niveles, modalidades y programas educativos, hasta llegar al plano de dependencias e instituciones concretas. Sin embargo, este tipo de información no existe en nuestro país.
La información más confiable y desglosada con respecto al gasto educativo es la que proporciona la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero sólo corresponde al gasto federal. Aunque la Secretaría de Educación Pública ha realizado esfuerzos para ofrecer información del gasto educativo en los estados igualmente confiable, a través del Cuestionario sobre Financiamiento Educativo Estatal (CFEE), la información presenta múltiples carencias: es un autorreporte que realizan las entidades federativas sin un respaldo objetivo que asegure la fidelidad de la información, los niveles de agregación de la información son muy generales y no todas las entidades entregan la información.
Esta situación debe cambiar, tanto por la utilidad que esta información brinda a los procesos de planeación y administración del sistema educativo, como para proveer información transparente a la ciudadanía sobre la forma en que se gestionan los recursos públicos.
En los últimos años, durante la aprobación del presupuesto en la Cámara de Diputados, éstos han sido los responsables de aumentar el presupuesto educativo; no obstante, cabe resaltar que aunque los diputados han sido más receptivos a las necesidades del sector educativo, no hay criterios claros sobre la forma en que proceden para distribuir los recursos al sector, por lo que cada año sigue habiendo ganadores y perdedores entre todas las instancias que dependen de los recursos públicos.
Este problema también se presenta en los gobiernos de las entidades federativas, ya que la asignación que realizan los gobiernos estatales a sus correspondientes sistemas educativos presenta variaciones importantes de un ejercicio presupuestal a otro. Por ejemplo, entre 2010 y 2011, mientras algunas entidades aumentaron los recursos educativos en más de 40 por ciento (Hidalgo), en otras lo redujeron por arriba de un 20 por ciento (Colima y Tabasco).
En el contexto internacional, algunos organismos han señalado que la baja recaudación fiscal que presentan los países de América Latina (México incluido) representa un serio problema, dado que limita la capacidad de invertir en áreas como educación, infraestructura y desarrollo productivo que, como la salud y la protección social, son claves para aumentar la productividad, la competitividad y la inclusión social.En los últimos años, los resultados de la asignación presupuestal han sido fruto del cabildeo y de las coyunturas políticas; este proceso ha dejado ganadores y perdedores según la correlación de las fuerzas políticas que participan en este proceso.
Lo anterior redunda en que no exista claridad y certidumbre sobre los recursos con que contarán las instancias, dependencias e instituciones para cubrir sus funciones educativas. Esta incertidumbre ha multiplicado las voces de quienes solicitan la asignación de presupuestos multianuales al sector educativo, a fin de que las instituciones educativas puedan planear sus actividades a mediano y largo plazo bajo un panorama de certeza financiera. En cuanto a la participación que deben tener los gobiernos federal, estatal y municipal en el gasto educativo, tampoco hay nada definido.
Si bien algunas leyes establecen montos específicos que deben destinarse al sector educativo, son tan generales que no especifican a los responsables de otorgarlos, ni la estructura de su participación, como tampoco a los destinatarios precisos de los recursos. En consecuencia, no existen compromisos específicamente establecidos que permitan hacer justiciable el derecho a la educación. Se promete y no se cumple, y no pasa nada. Considerando que la justiciabilidad se refiere a la posibilidad de exigir a través de un mecanismo jurídico el cumplimiento o restitución de un derecho, se requiere una mayor especificidad en las leyes para fincar responsables en caso de incumplimientos, así como mecanismos para reparar los daños causados cuando se viola este derecho.
. Instituir una mayor normatividad también redundaría en fijar la estructura de participación que deben guardar los gobiernos (federal, estatal y municipal) con respecto a los recursos que deben destinar a sus correspondientes sistemas educativos, así como determinar las obligaciones específicas de cada entidad de gobierno y las figuras jurí- dicas concretas que resultarían responsables de su incumplimiento. No obstante, para que funcione esta nueva normatividad sería necesario que llegara a los diferentes niveles de la estructura del sistema educativo, para que incluso a los directores de los centros escolares puedan fincárseles responsabilidades sobre el uso de los recursos públicos.
Este aspecto contribuiría a controlar actos de corrupción y serviría como mecanismo para supervisar el uso eficiente de los recursos educativos. En este sentido, un renovado compromiso del Estado con la educación también implicaría establecer los mecanismos que brindaran mayor claridad, transparencia y certidumbre sobre los procesos de asignación, distribución y el uso de los recursos educativos. Este aspecto no sólo resulta importante para las instancias, dependencias e instituciones destinatarias de los recursos públicos, sino también para que los ciudadanos tengan conocimiento sobre la administración de los recursos de la nación, principio fundamental de la democracia.
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